Noé García Álvarez
Hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL, presentó el informe sobre la pobreza en México y los Estados del país. Con relación a este tema, mi amigo Joaquín Osorio que es investigador del ITESO me compartió unos datos las cuales reproduzco de la siguiente manera. Esta medición tiene dos componentes principales: los ingresos y las carencias que están relacionadas con derechos como la alimentación, educación, vivienda, acceso a la salud y en ese sentido o se disfrutan o se carece de ellos.
De este reporte destacaría que del 2008 al 2010 la pobreza en México aumentó de 48.8 a 52 millones de personas, pasó de 44.5% a 46.2% del total de la población nacional. En pocas palabras hay 3 millones más de pobres en el país.
En Jalisco, el 37 % de la población, o sea 3 millones de personas viven en condiciones de pobreza. En pobreza extrema viven 362 mil personas que son pobres por ingresos y tienen 3 o más carencias respecto de sus derechos. Y por ingresos se suman 86 mil nuevos pobres.
Lo alarmante es que la población que sufre carencias o tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas de alimentación pasó de 17.9 al 22%.
De todo hemos oído, que si la pobreza extrema se ha mantenido, que si el problema se debe a la crisis económica mundial, o a la crisis alimentaria, etc.
Lo que es innegable es que existen dos puntos críticos para el país y para Jalisco: la pobreza por ingresos y al aumento de personas que no pueden cubrir sus necesidades de alimentación, cuando mucho de la atención que se da a través de los programas sociales son alimentos, despensas, etc.
El problema central, más que la pobreza, es el de la desigualdad en la distribución del ingreso.
A partir del informe de CONEVAL podemos destacar dos aspectos preocupantes: el incremento de los pobres que no pueden cubrir adecuadamente sus necesidades de alimentación y el deterioro creciente que tenemos respecto de los ingresos.
Desafíos de la Política Social:
De ahí que podríamos plantear como desafíos de la política social, la necesidad de hacer más eficaces aquellos programas asistenciales que se orientan a satisfacer algunas carencias y a facilitar el acceso a servicios de salud y educación, por ejemplo.
Es necesaria y fundamental una mejor articulación entre la política económica y la política social: si no se aseguran las condiciones de posibilidad para acceder a un empleo estable y bien remunerado, difícilmente las personas, los hogares tendrán un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Es muy importante que haya coherencia entre los lineamientos y operación de los programas nacionales, estatales y municipales. Hoy podemos observar descoordinación, falta de cooperación y hasta contradicciones entre lo que los distintos niveles de gobierno promueven. Necesitamos mirar y actuar en la misma dirección para combatir con eficacia los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión en México.
Ya el Informe sobre la democracia en América Latina, que en 2004 publicó el PNUD, lanzaba la pregunta de que si el avance en las condiciones de la democracia en América Latina había mejorado las condiciones de vida de los pobres. Hoy en México, esta pregunta es pertinente: ¿Con la alternancia en el poder hemos hecho el esfuerzo suficiente para reducir las desigualdades que existen entre quienes más y menos tienen?
El resultado que nos presenta el CONEVAL apunta a que no hemos sido capaces de reducir la desigualdad económica y ésta se vincula inevitablemente a limitar el goce pleno de los derechos civiles, sociales y políticos, la participación en las decisiones que afectan nuestras vidas desde la escala municipal hasta nuestra participación en los procesos que se orientan a la consolidación de la democracia en el país.
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